La historia, dos veces

Gilberto Rincón Gallardo
presidencia@conapred.org.mx

Lo que hace incompatible la experiencia de 1988 y la actual es la existencia de las leyes e instituciones electorales.

En el debate de estos días sobre los resultados de la jornada electoral para la elección de Presidente, se han traído a la discusión las elecciones de 1988 y se ha pretendido además instalarlas como modelo para justificar la negativa del candidato de la coalición Por el Bien de

Todos a aceptar los resultados del conteo oficial del IFE.
Como actor que fui de ese otro momento, mi reflexión lleva un inevitable tono personal, aunque todas mis opiniones son susceptibles de justificación con documentos. En 1988 era secretario general del Partido Mexicano Socialista, que se integró a la candidatura del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. El PMS, tras ese proceso electoral, se convertiría en la base del Partido de la Revolución Democrática. En ese momento, nuestro partido, por su cuenta, luchó contra el fraude electoral y buscó mecanismos para "limpiar" esa elección, como criterio para aceptar los resultados electorales. Por ello, es importante contrastar esa experiencia con la que ahora se da tras las elecciones presidenciales.

Voy a la primera diferencia. El mismo 6 de julio de 1988, al cierre de la jornada electoral, existía la impresión generalizada del fraude cometido. En todas partes del país, la misma noche de los comicios se hablaba de las irregularidades y los abusos cometidos por el gobierno, entonces encargado del proceso electoral. En contraste, en esta jornada, la impresión general fue la de la normalidad y la paz en que discurrieron los comicios. Así lo avalaron los observadores electorales que acudieron a este crucial evento y así lo documenta la ausencia de impugnaciones inmediatas.

La segunda diferencia está en la naturaleza de la reclamación por el fraude. En 1988, el PMS concretó su denuncia de los resultados en la exigencia de cotejar los de 32 cajas distritales, en las que sabíamos, con pruebas tangibles, que existía una incongruencia entre las actas exteriores que habían sido falsificadas y las interiores que tenían resultados favorables al ingeniero Cárdenas. El fraude se consumó porque el gobierno se negó de manera sistemática a cotejar las actas.

Ahora la ley prevé que son los consejos distritales del IFE, autónomos por definición legal y en los que concurren consejeros ciudadanos y representantes de partido, los que deciden qué paquetes se abren y cuándo se recuentan los votos. Las causales legales para la apertura de paquetes están claras y son parte de las reglas del juego de nuestro sistema electoral.

Por ello, una exigencia abstracta de apertura de paquetes y recuento de votos va sencillamente en el sentido de la anulación de una elección conducida por leyes y métodos democráticos.
Lo que hace incompatible la experiencia de 1988 y la actual es la existencia de las leyes e instituciones electorales que, en este caso, han actuado conforme a lo estipulado. Eso hace la diferencia entre el autoritarismo y la legitimidad democrática.

En El dieciocho brumario de Luis Bonaparte, Marx decía que la historia suele presentarse dos veces, una como tragedia y la otra como comedia. El drama de 1988, que nos obligó como nación a trazar la ruta de la transición democrática, corre el riesgo de ser remedado ahora bajo la figura de una impugnación que olvida la construcción legal e institucional que hicimos desde entonces; un remedo que actúa, en efecto, como si de entonces a ahora nada hubiera pasado y, sobre todo, como si nada hubiésemos aprendido.

Fuente: Periódico Excelsior